Foro sobre historia disidente de la Version Oficial y foro sobre neoruralidad y la Revolucion Integral inspirada en los estudios de Felix Rodrigo Mora.

El autentico origen de la "patria" española ¿Quién la crea?

La historia oficial nos vende que los españoles nos levantamos espontánea y como un solo hombre para echar a los franceses invasores, y que la Pepa fue la primera constitución democrática de España, y que supuso un avance, progreso para la nación. Esa historia y versión del Poder, la de la Oligarquía y la de quienes se benefician de esa idea, y creemos que en realidad la versión del Pueblo es muy diferente.

Con respecto a la Pepa ésta supuso el inicio de un proceso y deriva al Nuevo Orden Social que conocemos como industrialización, estatalización -siguiendo e imitando modelos europeos afines-,y supuso un brutal y genocida paso del rural al capitalismo en España, siendo liquidada toda resistencia rural o de origen rural finalmente por el franquismo.

La Revolucion Industrial es la Revolucion de la burguesia para acaparar el poder, las fnanzas, el Estado-capitalismo, como organo de dominio sobre el pueblo y el sometimiento de este a las reglas del mercado y de la explotacion.

El siglo XIX explica lo que somos hoy... y lo que perdimos.

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El autentico origen de la "patria" española ¿Quién la crea?

Notapor Historia » 2012 07 17, 3:49

Qui prodest? a quién beneficia?. Esta es la pregunta que se hacian los romanos para indagar quien era el culpable de un crimen. ¿A quien beneficiaba la Pepa? a quien perjudicó?

texto originales o inspirados en los estudios históricos de Felix Rodrigo Mora y otros:

¿Quién y por qué se crea la "patria" española?
CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812, LA VERDAD DESNUDA.

En los manuales de historia y libros de texto se suele presentar el proceso de reforzamiento del Estado y creación del capitalismo que es la revolución liberal como un evento maravilloso causado por el “amor a la libertad” de los prebostes reunidos en Cádiz, esos personajes magnánimos, desinteresados, paternales, muy preparados y, sobre todo, llenos de bondad y ansiosos por dar al pueblo un nuevo orden pleno de delicias y maravillas. Esta concepción de los acontecimientos, ideologizada e irracionalista, manipulativa e infantilizante, es la que dominaba en los festejos del Bicentenario, al calor del muchísimo dinero que allí corría.

Las causas reales, las verdaderas, son otras. Se distinguirá aquí entre las profundas, o estratégicas, y las coyunturales, o inmediatas.
Yendo a las primeras hay que advertir que el proceso que culmina en Cádiz, y que sepultará a los pueblos peninsulares en más de un siglo de violencia civil y guerras casi continuadas, se estaba gestando desde hacía siglos. En las centurias XIII y XIV en todos los reinos peninsulares las respectivas Coronas (nombre del artefacto estatal en ese tiempo) lograron éxitos de importancia sobre el pueblo.

Los más importantes fueron la eliminación del concejo abierto en villas y ciudades, la desaparición de las milicias concejiles, la adjudicación del poder legislativo al monarca, que se plasma en la forma de fueros territoriales y ordenamientos de leyes que van a liquidar la etapa consuetudinaria y foral precedente, en que el pueblo, en asamblea (concejo abierto) ejercía la facultad legislativa. Al perder ésta en los centros urbanos aquél queda también desposeído del poder judicial. Como consecuencia de ello, la nobleza, laica y eclesiástica, adquiere unas potestades incomparablemente superiores a las que antes poseía.

Lo concejil, sin embargo, continuaba vivo y activo en el mundo rural, donde residía la abrumadora mayoría de la población. Esto fue un problema muy grave para la Corona. Sojuzgar el campo exigía un Estado hiper-poderoso que no podía crearse debido a la firme resistencia popular, activa y pasiva,
lo que producía una situación que se retroalimentaba.

Similarmente, había que poner fin al comunal, si se ansiaba que el poder de las elites fuera considerable. Ello era no sólo una expropiación sino la introducción, como sustitución, de un nuevo tipo de propiedad privada, la absoluta e ilimitada propia del derecho romano, en oposición a la relativa, compartida, imprecisa, cargada de obligaciones y débil, peculiar, cuando existía, de la sociedad creada por la revolución civilizante de la Alta Edad Media.

La acción contra el comunal en 1812 llevaba ya siglos. Tenemos la venta de baldíos ordenada por Felipe II, las enajenaciones de tierras concejiles que Caxa de Leruela lamenta en “Restauración de la antigua riqueza de España”, 1631, y la profusa legislación privatizadora del siglo XVIII, en particular la ley de 26-5-1770, aplicable en el conjunto de los territorios peninsulares de la Corona de Castilla. Con todo, era manifiestamente insuficiente. Por cierto, la intolerable ley de 1770, obra señera de la Ilustración, pone a ésta en evidencia como corriente furiosamente antipopular, caciquil y oligárquica. La muy profusa literatura pseudo-histórica de alabanza de la Ilustración contiene otra de las grandes falsificaciones de nuestra historia.

Sin desarticular el comunal no podían reclutarse bastantes soldados, ni había mano de obra disponible para el capitalismo naciente, ni era factible que se desarrollase el comercio (lo que significaba mucho menos gravámenes percibidos por el Estado), ni era hacedera la generalización del trabajo asalariado, ni podría avanzar mucho la acumulación y concentración del capital. Pero, sobre todo, sin destruir el comunal no se podía liquidar el concejo abierto, dado que es su base económica, y crear sobre sus ruinas un sistema de dictadura plena de las elites.

Existía además la diversidad de territorios, de leyes, de lenguas, de culturas. Esto ya había sido señalado por el conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV, como un notable obstáculo para que la Corona de Castilla llevase adelante con éxito su política de guerra en el exterior. Había que uniformizar, eliminar obstáculos legales y implantar una normativa unificada, una lengua única y una ciudad cabecera del Estado. Lograr la centralización y jerarquización de los espacios era un asunto vital.

En 1714 se derogó lo principal de las leyes catalanas, un avance en esa dirección, aunque insuficiente, muy insuficiente. Antes, en 1512, Navarra había sido conquistada, pero aún sobrevivía un sistema de semi-independencia, con el rey de Castilla supeditado en buena medida a las Cortes navarras, lo que era visto con irritación en las alturas de la monarquía. Igual que los fueros territoriales vascos, y de otros lugares. Todo esto eran limitaciones al poder del Estado y trabas al desenvolvimiento del capital que tenían que ser extinguidas.

Como consecuencia de ello, la Corona de Castilla, a la que algunos comenzaron a denominar “España” en el siglo XVIII, era relativamente débil en el terreno militar, sobre todo, frente a Inglaterra, que ya había tenido una forma primitiva de revolución liberal en torno a 1688. La lucha planetaria por las colonias estaba siendo ganada por los ingleses, y eso era un motivo de enorme desasosiego y alarma en las altas esferas del poder de Madrid. Para superar esta situación había que reestructurar al completo la sociedad peninsular: eso fue la revolución liberal.

A comienzos del XVIII se había establecido el ejército permanente, construidos los primeros cuarteles y tomado otras providencias. Pero era insuficiente, poca cosa. El monopolio que la nobleza ejercía sobre los empleos militares era asfixiante para el aparato castrense, pues impedía tener un cuerpo de oficiales lo bastante extenso y competente. Había que abrir el ejército y la Armada a las personas capaces de origen popular, y eso exigía abolir los privilegios estamentales de la nobleza. En la base de la institución la dificultad mayor estribaba en que la recluta de quintos era difícil de realizar, y poco provechosa, por lo que había que desarticular la autosuficiente sociedad campesina para que afluyeran conscriptos de forma habitual a los aparatos militares.

Además, el Estado, o institución de la Corona, estaba mal organizado, era disperso cuando se necesitaba que fuese compacto. Una de las fisuras se daba entre el poder señorial y el real, que debía resolverse extinguiendo el primero para que todas las facultades de ordenar y prohibir revertieran a la rama fundamental del Estado. Por tanto, los señoríos (“feudos” para algunos) tenían que desaparecer.

No había, asimismo, cuerpos policiales dignos de tal nombre, de manera que, en el campo sobre todo, las leyes apenas podían ser aplicadas. La Inquisición era poco eficaz, y la insistencia en las querellas teológicas había demostrado ser un error, pues lo óptimo era la tolerancia en materia de religión con una sola exigencia, que los diversos credos pagaran impuestos y admitieran que sus fieles sirvieran como soldados. Eliminar el Santo Oficio para constituir cuerpos policiales operativos era una necesidad de primera importancia.

La sociedad rural tenía que ser triturada puesto que en ella el control cotidiano de la población por las instituciones era bastante más difícil de realizar que en las ciudades. Había que dañar y demoler sustantivamente el campo para que la población se transfiriera a las urbes, si se deseaba incrementar las potestades efectivas del ente estatal en el día a día. Al mismo tiempo, se tenía que cargar de tributos al campo para realizar la acumulación capitalista, vía Estado. Una tercera urgencia era abolir las leyes del pasado que impedían el “libre” flujo de bienes y personas a las ciudades, para que éstas crecieran sin trabas. Finalmente, Madrid debía ser el espacio físico de concentración y organización compacta de la cabeza del Estado.

La situación había mostrado que el adoctrinamiento popular realizado por el clero era insuficiente. Por tanto, había que crear un instrumento laico para la manipulación de las mentes, si se deseaba estatuir una situación estable y fluida de docilidad social, así como para arrinconar primero y luego extinguir la cultura y sabiduría popular autónoma de creación y difusión oral.

De esta necesidad salió el proyecto de educación básica a cargo de Estado que las Cortes gaditanas aprobaron en 1813.
Asimismo había que introducir el patriarcado en las clases populares, muy refractarias al sexismo y a la marginación de la mujer. Con el ejemplo de Francia ante sí, donde la revolución francesa había impuesto un patriarcado atroz, que dejaba pequeño incluso al romano, a partir de 1789, las elites españolas ansiaban repetir aquí la operación.

Para terminar esta enumeración de necesidades estratégicas del poder constituido se puede señalar que el Estado y las elites precisaban imperiosamente cambiar la cosmovisión de las clases populares, para hacer a las personas competitivas, individualistas, codiciosas, pasivas, obedientes, inmorales, débiles, gozadoras, ininteligentes, arribistas, arbitrarias y crédulas. En este asunto el movimiento de la Ilustración puso un acento particular, consciente de algo obvio, que sin mudar las mentalidades el gran proyecto de recrecimiento del ente estatal no podía triunfar.

Ya que se ha citado la Ilustración hay que comenzar protestando por la interpretación que de ésta ofrece el sistema educativo, que es rotundamente falsa y engañosa. La meta de los Ilustrados, buscada por medio del pedantismo, el maquiavelismo y la demagogia, era servir al engrandecimiento del Estado, lo que les llevaba a la denigración sistemática de las clases populares, no sin acudir de vez en cuando a giros populistas. Su aborrecimiento al pueblo se pone de manifiesto en todo su decir y obrar, por ejemplo, en la lucha denodada contra las “supersticiones”, esto es, contra los saberes de la gente común.

La Ilustración fue la matriz en la que se fraguó el proyecto y programa de la revolución liberal. Prácticamente todo lo que hicieron las Cortes de Cádiz, y casi todo lo que se recoge en la Constitución, había sido considerado previamente por los jerarcas ilustrados, desde el primer tercio del siglo XVIII. El movimiento estaba formado por las elites del poder en esa centuria, sobre todo por militares, intelectuales, altos funcionarios, ricos propietarios y clérigos. Estos fueron la fuerza agente de la revolución liberal. Ilustrado por antonomasia es Jovellanos, un servidor del Estado a machamartillo.

Las causas inmediatas que convirtieron en algo sumamente urgente realizar el cambio revolucionario constitucional-liberal son, por citar sólo las más importantes, las que siguen.

La Corona de Castilla estaba fracasando militarmente en todos los teatros de operaciones, aunque formalmente era la segunda potencia naval de Europa. Su actuación en la guerra de los Siete Años (1756-1763) fue un desastre completo, como lo prueba que perdiera incluso La Habana y Manila, que fueron luego devueltas por los ingleses al firmarse el tratado de paz. Esto fue un decisivo toque de atención. Similar significación tuvo la derrota en la gran batalla naval de Trafalgar en 1805, donde lo mejor de la flota española quedó destrozado. La emergencia de Francia como gran poder militar continental, gracias a la revolución francesa (ésta fue hecha por las elites en primer lugar para alcanzar ese fin) hizo que el cambio no pudiese ser aplazado por más tiempo, si se deseaba seguir siendo una potencia de primera fila.

Al mismo tiempo la presión popular sobre las elites del poder era fuerte, y probablemente se fue incrementando a partir de la ola de motines de la primavera de 1766, que en algunos lugares alcanzó carácter insurreccional, aunque lo sustantivo era la resistencia sempiterna de la comunidad rural, que continuaba negándose a integrarse en las instituciones.

Parece que, a finales del siglo XVIII, la oposición popular al alto clero, en la forma de obstrucciones a abonar el impuesto del diezmo, se hizo intensa y amplia.

Cuando Napoleón I invadió la Península tuvo en cuenta sólo la situación de decrepitud del Estado y no el vigor formidable del pueblo, de los pueblos. En realidad lo hizo porque contaba con la mayoría de las clases mandantes españolas, incluida la Inquisición, que veían en él a quien iba a garantizar la continuidad de sus privilegios, de manera que en un primer momento sólo una parte pequeña de aquéllas se le opuso. Pero cuando se constató la fuerza de la reacción popular, muchos de los poderhabientes cambiaron de posición y se pasaron a la resistencia.

Napoleón I trajo la modernidad, esto es, sobre-opresión, destrucción del sujeto y un orden político de poder ilimitado para los poderosos. Por eso fue combatido con una energía colosal por las clases populares. Las elites españolas aprovecharon la coyuntura para constituir un ejército regular que si bien fue desastroso en el campo de batalla serviría para su verdadero fin, meter en cintura al pueblo cuando Napoleón fuese vencido, o bien en cooperación con él.

Los pueblos peninsulares combatían en la guerrilla, con una eficacia mucho mayor, pero sin comprender lo que estaba sucediendo, que era extraordinariamente complejo.

Así las cosas, la mayoría de la clase mandante se decide por la resistencia y la Junta Suprema, o gobierno provisional, convoca Cortes extraordinarias en Cádiz, que se abren en septiembre de 1810, bajo el amparo de la flota inglesa. Elaboran la Constitución y siguen sesionando hasta 1813. Napoleón I es vencido en 1814.
Durante unos años se dejó sin aplicar la Constitución de 1812 porque se sabía que desencadenaría una violenta resistencia popular, y antes había que desarmar al pueblo, muy crecido a causa de la lucha contra el tirano galo. Pasan seis años y tras la pantomima de Riego, en 1820, se pone en aplicación la Carta gaditana. Ahora las elites del poder pueden hacerlo porque poseen algo que antes no tenían, un ejército potente, creado en 1808-1814. En 1821 se inicia la guerra civil, con partidas campesinas y populares por todas partes. El ejército, junto con la Milicia Nacional, se hace cargo de la represión, que es implacable, un baño de sangre.

Por desgracia, una buena parte de los jefes de la guerrilla que había luchado contra Napoleón I traicionó la causa popular, se pasó a los liberales. El caso más conocido es El Empecinado, pero hay más. La oposición popular era tan potente que estalló un conflicto en el seno de las elites en relación a cuál era la mejor estrategia a seguir para sojuzgar de una manera nueva y más perfecta al pueblo, dividiéndose en liberales, o partidarios de realizar el cambio a viva fuerza y con rapidez, y “absolutistas”, luego carlistas, proclives a hacer algunas concesiones al elemento popular y avanzar más pausadamente. El pueblo, que no logra ser él mismo en lo político, tiende a respaldar, aunque con muchas excepciones, a los segundos a partir de 1833, como mal menor.

Eso fue un gran desacierto, pero en sí mismo expresa un hecho indudable, que para éste el paso desde el Antiguo Régimen al orden liberal fue una regresión, pasar de un orden malo, en tanto que existía Estado y desigualdad social, a otro mucho pero mucho peor.

Es repulsivo, en tanto que total falta de respeto por la verdad y ausencia completa de ética, que la resistencia popular, legítima, a la Constitución de 1812 se presente por los profesores-funcionarios como obra de un populacho dirigido por curas trabucaires y frailes ultramontanos. Eso, en lo más medular, no es verdad. Conviene recordar que el 30% de los diputados en Cádiz, aproximadamente, eran miembros de la Iglesia, y que ésta se hizo el principal vehículo para la popularización y legitimación de la Constitución a pie de calle, de tal modo que de no ser por ella es muy probable que el alzamiento popular hubiese alcanzado proporciones descomunales, elevándose a revolución.

Es atroz que se oculte que el cardenal primado y príncipe de la Iglesia de España, esto es, la primera autoridad religiosa aquí en el periodo más crítico, 1814-1823, fue Luis María de Borbón, un hombre de la familia real afecto de manera inflexible a la Constitución de 1812.

Como dice su mejor biógrafo, siempre se manifestó rigurosamente “al servicio del Rey y de la Constitución”. Con él estaba “la mayor parte del clero”. Cierto: los curas, monjas y frailes respaldaron, salvo excepciones muy escasas, a constitucionalistas y liberales, no al pueblo. Otra cosa son las patrañas que se hacen circular.

Los verdaderos clericales, pues, fueron los constitucionalistas, los liberales, los partidarios de la modernidad, igual que eran los auténticos militaristas y adeptos al Estado policial. Es cierto que hubo una ínfima minoría de religiosos exaltadamente antiliberales, pero como fuerza política eran apenas nada: ha sido la desvergonzada máquina de propaganda progresista la que ha hecho de ellos la definición de toda una época y un movimiento, para desacreditar y vilipendiar a las clases populares. Miserables.

En 1837 la Constitución gaditana es reemplazada por otra, no mejor ni muy diferente.
El pueblo falló, no consiguió elaborar una política y un programa que le permitiera salir adelante, contra unos y otros, liberales y “absolutistas”, en defensa de un orden popular restaurado y reforzado, asentado en la asamblea, el comunal y el derecho consuetudinario, eliminando del todo cualquier expresión de ente estatal, la fuente sustantiva del mal político y económico. No lo hizo pero podría haberlo hecho. Averiguar el porqué de tal actuación es de decisiva importancia.

Aunque con enormes dificultades y exigiendo un tiempo asombrosamente largo para realizarse, la estrategia de las elites del poder, diseñada por la Ilustración triunfó. La Constitución de 1812 fue cumplida a cabalidad, finalmente.

Lo que de ello brota, ante todo, es un ejército poderosísimo, que domina la vida política y social. Esa era la meta de la revolución liberal, aupar al aparato militar a una situación de privilegio, abuso y mando extremados, contra el enemigo exterior, las otras potencias, y el enemigo interior, el pueblo/los pueblos. Esta es la gran verdad sobre la Constitución de 1812 que el sistema académico oculta a toda costa, que de ella dimana la militarización de la vida política, no sólo de la manera más visible, con los “espadones”, sino porque la totalidad de la Carta gaditana establece la militarización de la existencia, a través de la jerarquización total de la sociedad, el uso continuado de la coacción y la estatización universal. Por tanto, el proyecto de Manuel de Aguirre, oficial del ejército que redactó el primer esbozo de Constitución, dado a conocer en 1786, triunfó a fin de cuentas. Muy pocos recuerdan esto.

Ese ejército, digámoslo ya, fue el de Franco en 1936. O sea, “La Pepa” proporcionó al fascismo el instrumento con que agredió al pueblo ese infausto año.
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