Foro sobre historia disidente de la Version Oficial y foro sobre neoruralidad y la Revolucion Integral inspirada en los estudios de Felix Rodrigo Mora.

La Pepa: el instrumento Oligarca para militarizar España

La historia oficial nos vende que los españoles nos levantamos espontánea y como un solo hombre para echar a los franceses invasores, y que la Pepa fue la primera constitución democrática de España, y que supuso un avance, progreso para la nación. Esa historia y versión del Poder, la de la Oligarquía y la de quienes se benefician de esa idea, y creemos que en realidad la versión del Pueblo es muy diferente.

Con respecto a la Pepa ésta supuso el inicio de un proceso y deriva al Nuevo Orden Social que conocemos como industrialización, estatalización -siguiendo e imitando modelos europeos afines-,y supuso un brutal y genocida paso del rural al capitalismo en España, siendo liquidada toda resistencia rural o de origen rural finalmente por el franquismo.

La Revolucion Industrial es la Revolucion de la burguesia para acaparar el poder, las fnanzas, el Estado-capitalismo, como organo de dominio sobre el pueblo y el sometimiento de este a las reglas del mercado y de la explotacion.

El siglo XIX explica lo que somos hoy... y lo que perdimos.

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La Pepa: el instrumento Oligarca para militarizar España

Notapor Historia » 2012 07 17, 3:45

LA CONSTITUCIÓN DE 1812 CAUSA AGENTE PRIMERA DE LA MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
No se puede comprender la revolución liberal y la Carta gaditana sin tener en cuenta que detrás de todo ello estaba en primer lugar el ejército.
Así fue aquí, también en Francia, y en todos los países. Quienes hablan a tontas y a locas de las revoluciones liberales, magnificándolas, olvidan lo más obvio, que su meta número uno era la militarización de las sociedades que las padecieron. Por eso Napoleón, el dictador castrense por excelencia, es el resultante número uno de la revolución francesa, como los pronunciamientos, el pretorianismo crónico y los espadones lo son de la española. En ésta los sucesivos textos constitucionales son la cobertura verbal de que se sirven los diversos dictadores militares (de los que Franco fue el último de la saga, hasta ahora) para imponer su voluntad al pueblo.
Para el caso francés se suele admitir que las guerras de conquista promovidas por la
revolución comienzan en 1796-1797, con la intervención de Napoleón en Italia, pero ésta es una interpretación que embellece la realidad, porque desde el primer momento, en 1789, la revolución francesa no tiene otra meta que crear una sociedad apta para la movilización total, con el fin de arrebatar a Inglaterra la hegemonía mundial, convirtiéndose en “la nación” dueña de Europa. Se trataba pues de sentar las condiciones de todo tipo para lo que luego hizo Napoleón, intentar conquistar el Viejo Continente.

La versión obsoleta de las revoluciones liberales arguye que son “revoluciones burguesas”, lo que es una mera deducción de la teoría del progreso, en su versión de discontinuidades. Tal aserto no está basado en los hechos. Porque, primero, cuando se realizan dichas grandes mutaciones, la burguesía, aunque existente, no era el actor principal de la vida social y no podía serlo, por su propia inmadurez y debilidad. Segundo, el análisis, fáctico y no ideológico, de los acontecimientos indica que la fuerza agente de dichas revoluciones es siempre y en todas partes el aparato estatal, sobre todo el ejército. Tercero, la burguesía surge de la revolución liberal, es sobre todo su consecuencia, no su causa.
Así, en Cádiz la presencia de la burguesía es escasa, apareciendo como una fuerza por detrás del alto clero y los altos funcionarios civiles del Estado preliberal, y muy por detrás del aparato militar, que es quien hegemoniza las Cortes gaditanas de manera directa e indirecta.

Ya en la fase inmediatamente anterior se había establecido lo que han denominado “monarquía militar”, desde Carlos III, en que el ejército se fue haciendo cargo de las tareas fundamentales de gobierno. Pues bien, la Constitución gaditana lo que hace es generalizar y profundizar ese estado de cosas.

En su Título VIII la Constitución de 1812 establece, art. 356, que “habrá una fuerza militar nacional permanente de tierra y mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior”. Nótese la sinceridad, rayana en la desvergüenza, con que está redactado, lo que cuenta es la defensa “del Estado” y “la conservación del orden interior”.
Esto equivale a establecer al pueblo, a los pueblos, como enemigo a batir día a día. En efecto, ¿quién podía poner al statu quo en peligro en el interior sino el pueblo?

Continúa el texto señalando, en los artículos siguientes, que las Cortes fijarán el número de tropas y el número de buques de guerra, que se crearán escuelas militares y que “ningún español podrá excusarse del servicio militar”. Esto envía al Título II, “De los españoles”, en el que se obliga al “amor de la patria”, a “respetar a las Autoridades establecidas”, a pagar tributos y a “defender la patria con las armas”.
Dicho en plata, quienes son calificados de “españoles”, en muchos casos arbitrariamente, quedan obligados por el Texto gaditano a tomar las armas a favor del Estado, a menudo contra la población civil; a amar una “patria” que es sólo el mascarón ideológico y jurídico del Estado y de la clase propietaria, con pérdida de la propia libertad de conciencia; a adoptar una actitud sumisa y servil frente al poder y a pagar impuestos. Esa es la tan lisonjeada condición de ciudadano. Por lo demás, las mujeres no cuentan en absoluto en este texto misógino hasta el frenesí.
Dicho de otro modo, la Constitución de 1812 reduce al individuo a la categoría de siervo del Estado, de inerme criatura cargada de obligaciones hacia éste. Al mismo tiempo le deshumaniza, al imponerle creencias, al colocarle en situación de ser el verdugo de sus iguales y al negarle el derecho a disentir sustantivamente del orden establecido.

En lo material, el flamante ciudadano, tan celebrado por los mercaderes de palabras, debe trabajar para el Estado, pagando impuestos luego, y servir al Estado en el ejército. Eso le hace una criatura propiedad del Estado, “homo oeconomicus” por un lado y verdugo por otro.
No se puede ignorar que dos de los más importantes motivos de disensión y alzamiento popular en el siglo XIX fueron los tributos, en particular los llamados “consumos”, o impuestos indirectos, y las quintas.
En las Cortes, adjetivadas de Generales y Extraordinarias, de Cádiz, 1810-1813, la hegemonía de los militares entre los diputados parece clara. Se suele argüir que el grupo más numeroso es el de los eclesiásticos, con 97 sujetos, y se señala que militares y marinos son “sólo” 46, pero se han de añadir los títulos del reino, o personalidades de la alta nobleza, en ese tiempo parte constitutiva del ejército por nacimiento, que eran 8. También una facción ampliamente mayoritaria de los altos funcionarios del Estado, 55, puesto que la “monarquía militar” de la Ilustración hacía que los altos cargos civiles recayeran muy a menudo en militares temporalmente en situación de retiro. Es probable que en similares condiciones se encontrasen algunos de los calificados como abogados, 60 en total. Por tanto, parece cierto que el colectivo más numeroso eran los militares.
Lo indudable es que el ejército fue la institución más beneficiada por el cambio y, por tanto, la que más lo promovió. Con la Constitución se hizo el gobernante en la práctica del país, por medio del pronunciamiento, o intervención regular en la vida política de los capitostes militares, los espadones. El ejército se apropiaba de una parte sustantiva de los tributos aportados a la fuerza por las clases populares, y desde éste se dio un impulso colosal (quizá el más importante de todos, hasta el último tercio del siglo XIX, junto con la desamortización civil) al desarrollo del capitalismo. Podría decirse que el ejército, junto con el clero, fue el primer explotador de las clases populares en el siglo XIX. No es pues casual que fueran las dos instituciones mejor representadas en las Cortes de Cádiz.
Las intervenciones de los militares contra el pueblo, y también las sangrientas reyertas que libraban los diversos espadones entre sí, o bien indirectamente a través de sus hombres de paja, políticos por lo general, ensangrentaron el país. Un pretorianismo continuado fue el efecto principal de la Constitución gaditana.
Recordemos los nombres de algunos de los espadones, esos sujetos tiránicos, criminales y genocidas que al ser altos mandos del ejército fueron aupados al poder por la Constitución de 1812 y sus reproducciones posteriores: Riego, Espartero, Serrano, Narváez, 0’Donnell, Prim, Pavía y varios más, sin olvidar a Primo de Rivera y a Franco. No deja de ser grotesco que, por ejemplo, Espartero, quizá el peor de todos en el siglos XIX, fuese presentado como “el general del pueblo” al mismo tiempo que recibía el titulo de duque de la Victoria. Pero aún más terrible fue que la Constitución de 1812 organizase la sociedad de una manera jerarquizada y vertical copiada de la del ejército. Éste se hace la referencia principal para el nuevo orden liberal. El Estado relativamente débil, por desorganizado, disperso, caótico y no militarizado al completo, propio del Antiguo Régimen, es transformado en Cádiz en un Estado nuevo, conforme a un sistema de jerarquías de arriba abajo. Lo mismo sucede con el capitalismo, en fase de constitución, que organiza la producción también de manera despótica y vertical.
Esa militarización de la totalidad de la vida social es la que hoy tenemos, perfeccionada en los doscientos años transcurridos. A eso los constitucionalistas de la izquierda y la derecha lo denominan “Libertad”.

NOTA.- Las sucesivas versiones actualizadas de la Constitución de 1812 son las que siguen. En 1837 se promulgó una nueva Constitución, y en 1845 otra más. La de 1869 es la más “progresista” de todas, aseveran los expertos, porque establece el sufragio universal masculino… La promulgada en 1876 es “conservadora”, dicen, pero ha sido la más duradera.
En 1931 es promulgada la “Constitución de la República Española”, que sólo se diferencia de las anteriores en que sustituye al rey por un presidente de la República y en que cambia la bandera, siendo por lo demás tan reaccionaria como las precedentes y consecuentes, monárquicas. Tras el franquismo llega la Constitución de 1978, que es la que ahora nos deshumaniza y priva de libertad. En total ha habido hasta ahora seis clones del Texto gaditano. Con el respaldo de la izquierda, que fue decisiva en la elaboración de los dos últimos textos constitucionales, el de 1931 y el de 1978, el régimen parlamentarista y partitocrático continúa siendo la forma política que adopta el capital y el Estado en su etapa de madurez y apoteosis.
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LA MILICIA NACIONAL, UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL AL SERVICIO D

Notapor Historia » 2013 09 06, 12:53

Felix Rodrigo Mora dixit:
http://felixrodrigomora.net/LA%20MILICIA%20NACIONAL.pdf

La revolución liberal realiza la militarización y la edificación del Estado policial, con el fin de mantener al pueblo, a los pueblos peninsulares, sobre-sometidos: ésa es su primera y principal función. Uno de los instrumentos de que se sirve es la tristemente célebre Milicia Nacional.
Bajo el Antiguo Régimen habían existido cuerpos policiales varios, todos ellos escasos de efectivos, altamente ineficientes y de menguada significación por el firme rechazo que recibían de las clases populares. Tales fueron, entre otros, las Milicias Provinciales, y desde 1794 la Milicia Urbana, cuya creación anuncia ya el liberalismo.
El Título VIII de la Constitución de 1812, se intitula “De la fuerza militar nacional”. Su estudio es central para comprender lo que aquélla fue en su esencia, la creación de una sociedad militarizada así como hiper-vigilada y mega-atormentada por un aparato policial descomunal.
Con esto se realiza en concreto la abstracta “Libertad” de la retórica liberal, como libertinaje para las elites de poder y, en consecuencia, muchísima mayor represión de la libertad popular, que mengua decisivamente.

Tal Título se divide a su vez en dos Capítulos. El
I, “De las tropas de continuo servicio”, se ocupa de la militarización, y el
II, “De las Milicias Nacionales”, donde se sientan los criterios por los que se regirá el nuevo orden en lo coercitivo, si bien en el art. 364 aplaza el ordenamiento específico del aparato policial a la redacción de “una ordenanza”.

Desde 1810 en Cádiz y en otras ciudades se van creando cuerpos armados en los que va siendo enrolada, de grado o por la fuerza, la población civil, para el mantenimiento del “orden público” y, sobre todo, para auxiliar al ejército.
A su frente se pone, como dice Galdós, la juventud de “la aristocracia” y del “alto comercio” gaditano, lo que será una constante en la que más adelante se denominaría Milicia Nacional.
En abril de 1814 las Cortes terminan el Reglamento de dicha Milicia, elaborado, atención a esto, por su Comisión Militar, lo que sienta un precedente que se ha mantenido hasta hoy, la militarización del orden público en España, otro de los productos más infectos de la revolución liberal, si no el que más. Así es, no se olvide que la Guardia Civil, hoy, en 2012, es un cuerpo policial militarizado, algo inaudito y difícilmente compresible si no se tiene en cuenta que la Constitución de 1812 es la militarización integral de la vida social. De ahí viene.
Tal Milicia fue concebida en aquel momento concreto sobre todo como fuerza contra quienes, enrolados en las guerrillas que habían combatido a Napoleón I, se resistían a entregar las armas, conscientes de lo que su desarme significaba, un triunfo de las clases privilegiadas y del Estado español. A tales sujetos beneméritos se les tilda sin más de “bandidos” y “criminales notorios”, y se acelera a toda prisa la organización de la Milicia Nacional contra ellos.
Ésta fue un cuerpo policial, y de auxilio al ejército, formado por personas no-profesionales, esto es, que hacían compatible su en rolamiento en la Milicia con otras actividades, productivas y no productivas. Establecía restricciones a la incorporación de miembros de las clases populares, usaba uniforme y se dividía en cuerpos de infantería, caballería y artillería. Allí donde lo hubiere, estaba a las órdenes del jefe militar, y donde no, de sus propios mandos.

En lo sociológico, la Milicia Nacional estuvo constituida por los notables, caciques y ricachos de cada lugar, por sus servidores y criados, y por una masa de sujetos de variada condición que esperaban medrar con el nuevo régimen vistiendo el uniforme miliciano.
Con la inhabilitación (parcial, con todo) de la legislación liberal en mayo de 1814 el mencionado Reglamento quedó suspendido, hasta seis años después. En efecto, en abril de 1820, tras la bufonada de Riego, un Decreto lo pone en vigor aunque algo modificado. Podía formar parte de la Milicia Nacional “todo ciudadano español en el ejercicio de sus derechos... desde la edad de los treinta años a la de cincuenta”. Esto es, los hombres más jóvenes tendrían que alistarse en el ejército y en la Armada, y los de mediana edad de las clases mandantes en la Milicia: así se realizaba la completa militarización de la sociedad. Posteriormente, se rebajó a los dieciocho años la edad para engancharse.

La fase de esplendor de la Milicia Nacional fue 1821-1823, cuando el pueblo, en las ciudades pero sobre todo en los campos, se alzó, a veces por métodos pacíficos y en otras armándose, contra la política monstruosa de los gobiernos del Trienio Constitucional, inspirada por la Constitución gaditana, así como contra su arrogancia ilimitada, visceral odio a las clases modestas, arbitrariedad despótica, sinrazón jacobina, espíritu reaccionario y omnipresente latrocinio, corrupción y enriquecimiento.
Lo que hizo la Milicia Nacional se concreta en seis palabras: vigilar, intimidar, perseguir, detener, torturar y asesinar. Cualquiera que discrepase del nuevo orden, que no admitiese las políticas instituidas, que se atreviese a decir en público lo que pensaba sobre la situación política, que sometiera a crítica total o parcial la Constitución de 1812 o que meramente cayese mal a los caciques locales sería intimidado y encarcelado, muy probablemente torturado y en bastantes casos ejecutado. Todo ello en un ambiente de arbitrariedad, descaro e impunidad, a menudo sin sumarios ni juicios, de forma expeditiva, buscando someter al pueblo con un miedo pánico.
Esto se intenta ocultar por las y los historiadores a sueldo con el argumento de que la Milicia Nacional perseguía a los “absolutistas”, después a los carlistas. Pero el estudio imparcial de los hechos muestra:
1) la inmensa mayoría de las víctimas era gente de las clases modestas sin adscripción política definida ni particular entusiasmo religioso,
2) el sector ultra-reaccionario de la sociedad era el constitucionales mo gaditano, al haberse erigido por sí en enemigo principal del pueblo, muy por delante de los escasos partidarios del Antiguo Régimen existentes,
3) no se puede justificar el descomunal mal realizado por la Milicia Nacional porque, supuestamente, fuera dirigido contra los “absolutistas”: quienes eso sostienen, o insinúan, deben ser tenidos por gentes de mentalidad patibularia y genocida, similar a la de los jacobinos, un antecedente del nazi-fascismo.
1
Los jacobinos en particular y la revolución francesa en general, en tanto que crecimiento súbito del Estado y otorgamiento por éste de mayoría de edad al capitalismo, llevaron el terror contra el pueblo a cotas inauditas, lo que se pretende ocultar tras actos teatrales, de finalidad legitimadora, como la ejecución de Luis XVI y de unos cuantos nobles y clérigos, comparativamente pocos. Los perseguidos y exterminados a gran escala fueron los campesinos, siendo el caso más famoso el de La Vandée, un genocidio descomunal, quizá con 200.000 asesinados, las clases populares urbanas, los llamados “enragés”, y las mujeres, que resistieron el patriarcado riguroso establecido sobre todo por los jacobinos. Cuando Robespierre hizo guillotinar en noviembre de 1793 a Olimpia de Gouges, la valerosa einteligente mujer que se le había enfrentado y denunciado por tirano, criminal y misógino, manifestó lo que era la revolución francesa, una batahola sangrienta al servicio de la peor reacción, dirigida además a una meta estratégica aterradora, la destrucción de la esencia concreta humana.


Si a algo se parece el mito del “feudalismo” creado por los paniaguados del liberalismo, es precisamente al régimen del Trienio Constitucional. Bajo éste el terror más desenfrenado, que se manifestaba en la forma de arbitrariedad y capricho tiránicos, se abatió sobre las clases populares, ejercido por el binomio sangriento formado por el ejército regular y la Milicia Nacional.
El estudio de numerosos casos y testimonios particulares establece que la Milicia Nacional fue una organización criminal que realizó un verdadero genocidio, en particular en los dos años aciagos de 1821-1823, cuando una guerra civil no declarada pero de proporciones gigantescas afectó a lo que se conoce como “España”.
Se dice, en loa de la Constitución de 1812, que abole la tortura judicial, lo que es cierto (se ha de advertir que ésta no existía en la legislación consuetudinaria y foral y que es reintroducida en el siglo XIV por los devotos del derecho romano), según se lee en su art. 303.
No se dice que sólo lo hace para implantar a una escala antes jamás conocida la tortura policial y la tortura militar, de tal modo que los cuartelesy cuartelillos se convierten en grandes campos de tormentos, donde eran llevados quienes se obstinaban en defender el concejo abierto, el comunal, la autonomía del municipio, la legislación foral autóctona (por ejemplo, en Vascongadas) o algunas de las demás instituciones, prerrogativas y libertades populares.
Muchos de las y los allí confinados sencillamente “desaparecían”.
Véase, el liberalismo abole la Inquisición para crear el Estado policial, y suspende la tortura judicial para hacer pura rutina la tortura policial y militar: tal es el “progreso de la historia” que se manifiesta en la teorética de, por ejemplo, Hegel y sus innumerables seguidores, todos los que se denominan progresistas.
La Milicia Nacional continúa activa hasta ser sustituida por la Guardia Civil, creada en 1844, y que desde entonces realiza todas las funciones, todas, que aquélla llevó a efecto en los primeros tiempos del constitucionalismo.
La importancia que el liberalismo gaditano otorga a la Milicia Nacional, así como al ejército, manifiesta que sabía muy bien, aunque lógicamente no lo dijese, que estaba creando un orden antipopular que iba a encontrar una desespera da resistencia en la base de la sociedad. Por ello se apresuraron a crear un aparato represivo lo más potente y organizado posible, íntimamente vinculado, además, al ejército.
La revolución liberal organizada por la Constitución gaditana fue un baño de sangre.
Quienes hoy la defienden se hacen corresponsables.
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